EDITORIAL
Es frecuente escuchar a los alcaldes de municipios de quinta y sexta categoría que su labor se limita a administrar pobreza debido a lo exiguo de sus ingresos corrientes de libre destinación y a los múltiples compromisos con destinación específica del Sistema General de Participación que es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
Ante este clamor de los alcaldes y la insistencia de dar cumplimiento al principio de descentralización y autonomía de los entes territoriales contenido en la Constitución Nacional de 1991, cursa en el Congreso un Proyecto de Acto Legislativo que busca aumentar la proporción de las transferencias a departamentos y municipios, reformando los artículos 357 y 358 de la carta magna que contemplan el sistema general de participaciones.
Se pretende pasar del 23.8% de los ingresos corrientes de la nación al 46,5%, incremento que sería de manera paulatina por diez años y con repuntes del 2,5 % entre 2027 y 2036.
Esta iniciativa que es bien recibida en las regiones también ha generado alertas sobre las graves consecuencias que acarrearía para las cuentas estatales. Entidades especializadas como la Carf (Comité autónomo de la Regla Fiscal), Anif (Asociación nacional de instituciones Financieras), Fedesarrollo y Corficolombiana han hecho serias advertencias sobre la insostenibilidad fiscal de dicha reforma la cual se estima en $ 395 billones.
De acuerdo con los analistas económicos, aumentar al 46.5 % las transferencias a los territorios para 2036 supondría incrementar el déficit fiscal por encima del límite máximo por ley, que sería el 71% del Producto Interno Bruto (PIB).
De aprobarse esta reforma, iría acompañada de leyes y medidas que implicarían un gran esfuerzo fiscal que equivaldría a recaudar lo equivalente a tres reformas tributarias. La CARF proyecta que esto provocaría un crecimiento del hueco fiscal de la Nación en cerca del 7% del PIB, “superando las metas fiscales y retrocediendo a niveles de la pandemia”.
También explica que, aumentar las transferencias no garantiza una mayor descentralización para las regiones y destaca una de las conclusiones de la Misión de Descentralización 2024: “Debe advertirse que la experiencia acumulada de 30 años de transferencias concluye que la cantidad de recursos dentro del sistema no ha logrado cerrar brechas que persisten en todos los sectores”. A lo anterior debemos de agregar los altos índices de corrupción en todos los niveles que hacen que los recursos públicos rindan menos.
En este orden de ideas, es muy poco probable que este proyecto de reforma constitucional sea aprobada condenando a las regiones a continuar con sus afugias económicas.
Manizales, octubre 27 de 2024.
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